El mundo atraviesa, a día de hoy, una situación que ha puesto en grave peligro la salud y los cimientos de las sociedades democráticas. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) no ha dejado a nadie indemne; toda la población se ha visto afectada de un modo u otro: bien por la enfermedad, bien por la muerte o por la alteración de la vida familiar, la educación, la cultura, las libertades políticas o la vida económica a escala local, nacional y mundial. Si bien la situación supone un desafío para la salud pública, los Gobiernos están también aprovechando la crisis para poner en tela de juicio las libertades que garantiza toda sociedad democrática.

Vista desde esta perspectiva, la pandemia es también una crisis de la libertad de expresión: provocada por causas naturales, sin duda, pero favorecida por unas políticas informativas que han debilitado las infraestructuras de alerta y notificación. Las personas y sus comunidades no pueden, sin embargo, protegerse de las enfermedades cuando se les niega información, cuando han perdido la confianza en las fuentes de información y cuando la propaganda y la desinformación dominan las declaraciones de las autoridades públicas.